Sobre los licitantes

SOBRE LOS LICITANTES

Los sujetos o personas de la relación jurídica que surge del procedimiento licitatorio son el licitador, ente público en ejercicio de la función administrativa, y los licitadores, personas que formulan las ofertas y que participan en el procedimiento de selección. Pueden ser licitantes las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, admitiéndose en general los grupos de colaboración empresaria, como las uniones transitorias de empresas y los consorcios.

A diferencia del licitador que tiene la misma calidad a lo largo de todo el procedimiento, los licitantes adquieren distintas calidades durante el desarrollo de la licitación. Cuando toman conocimiento de las bases y condiciones del llamado, son interesados; son adquirientes del pliego, cuando lo compran; son oferentes o proponentes cuando presentan ofertas; y finalmente será adjudicatario quien sea seleccionado para contratar con el ente licitante.

Evidentemente la situación jurídica de los licitantes va variando conforme a la etapa. Los interesados tienen en la licitación un derecho subjetivo a participar, interés legítimo a la adjudicación y, en caso de resultar adjudicatarios, su situación jurídica es de derecho subjetivo a la contratación. Por otra parte, en principio, el número de licitadores se va reduciendo durante el proceso, así, habrá más interesados que adquirientes, más adquirientes que oferentes, y más oferentes que adjudicatarios.

Normalmente se admiten como licitadores a los consorcios y Uniones Transitorias de empresas (UTE), salvo que el ordenamiento jurídico, para cierto tipo de contrataciones, o los pliegos de condiciones, para un determinado llamado, los excluyan expresamente.

La experiencia práctica ha demostrado que los grupos de empresas tienden a responder mejor a los requerimientos de capacidad técnica y financiera, aumentando así el nivel de competitividad, principalmente cuando el objeto del contrato implica un trato prolongado en el tiempo, como la concesión de servicio público, en los que se quiere asegurar la máxima estabilidad y responsabilidad del adjudicatario.

Capacidades y habilidades para ser oferente o licitante

a) Capacidad general

Para participar en una licitación es necesario que la persona natural o jurídica cuente con la capacidad general para obligarse contractualmente, ya que el procedimiento de selección termina con la suscripción de un contrato. La regla general es la capacidad, y por tanto las incapacidades o excepciones deben estar expresamente determinadas en la normativa. Las reglas sobre capacidad establecidas en el derecho privado, se aplican plenamente a los postulantes. Estas normas están establecidas en los códigos civiles, de comercio y en las leyes que reglamentan las sociedades.

b) Capacidad específica. Requisitos

Las normas que regulan la contratación pública, establecen una serie de requisitos éticos, jurídicos, de idoneidad técnica o de solvencia económica financiera que deben cumplir los participantes en un procedimiento licitatorio. Estos requisitos importan una capacidad especial y constituyen una restricción para la intervención en el procedimiento licitatorio.

La capacidad económica financiera exigida para participar en la licitación, varía según la naturaleza de la prestación a contratar. Frecuentemente se exigen informes de entidades comerciales o bancos, relativos a la solvencia de los postulantes, su uso del crédito, su grado de cumplimiento de las obligaciones financieras. También se pueden requerir libros contables, declaraciones de impuesto y renta y en general toda documentación que avale su idoneidad económica financiera. Relacionado con esta capacidad, esta la exigencia que se impone a los licitadores de entregar no sólo una garantía de oferta, sino también de fiel cumplimiento del contrato.

La capacidad técnica también será variable en función del objeto de la licitación. Se pueden distinguir dos áreas relacionadas a la capacidad técnica: por una parte, que el licitador disponga de los profesionales adecuados para atender técnicamente la obra o servicio; y por otra, la experiencia en la provisión de prestaciones similares. En algunas legislaciones, para participar en determinados procesos licitatorios se exige estar inscrito en un determinado Registro o sujetarse a un procedimiento de habilitación que comprende su clasificación, calificación y categorización, obteniendo un certificado de capacitación, el cual puede tener distintos plazos de vigencia.

La limitación a la capacidad especial descansa en la razonabilidad, pues no se pueden exigir condiciones que impliquen discriminación al limitar a tal punto la posibilidad de participar en el proceso que no se cumplan los principios de competencia, igualdad y transparencia. Incluso se corre el riesgo de que al exigir requisitos muy limitativos, se esté eligiendo de antemano al adjudicatario. Debe existir una correlación lógica entre el objeto del contrato y los requisitos que se impongan a los oferentes.

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Introducción obra pública

Introducción obra pública

Con antelación a la ejecución de Obra Pública, se ha desarrollado y cumplido con un procedimiento amplio y complejo. En variadas ocasiones quien(es) que enfrenta(n) este proceso, se encuentra(n) inmerso(s) en un sin fin de problemas ajenos al mismo procedimiento.

En un alto grado, estas dificultades son originadas por la incorrecta comprensión y desarrollo de las etapas iniciales, al desconocimiento de la ley en conjunto que las sustenta, así como también los mecanismos de instrumentación.

Es de este modo que quienes tienen estas responsabilidades, deben estar provistos de información suficiente que les permita cubrir los requerimientos de la administración y ejecución de la obra pública.

El citado “procedimiento”, re refiere al instrumento llamado “Licitación Pública”, siendo la modalidad de los precios unitarios la de uso más frecuente. Depende de la integración de los precios unitarios y de la administración de la obra el lograr un margen razonable de utilidad.

Dos puntos fundamentales son requeridos para una integración correcta del precio unitario, por un lado el conocimiento técnico de la obra y otro el marco normativo vigente.

Contar con el conocimiento técnico y de la legislación permite evaluar rendimientos en la fuerza de trabajo, del equipo a emplear en cada concepto, el costo de los insumos en cada región y los cargos que han de considerarse en los precios unitarios.

Una estimación de costos puede ser definida, como una determinación previa de los costos en que se incurrirá para erigir un inmueble u obra de infraestructura, de acuerdo a los proyectos, especificaciones y alcances del proyecto, así como de experiencias previas.

Las estimaciones de costos tienen diferentes grados de precisión.

“Aproximado o “de orden de magnitud”, que se obtiene aún sin poseer un proyecto detallado, consiste en obtener el costo en función del alguna o algunas características (m2, volumen, longitud, etc.) el nivel de incertidumbre esperado es de +/- 40%” (Miranda, 2006, p. 1).

“Presupuesto definitivo, es el que presenta el contratista a la licitación o no, para comprometerse contractualmente a respetarlo en monto, condiciones, calidad y tiempo, se basa en un proyecto completo, especificaciones y estudios de campo. Su grado de incertidumbre en de +/- 10%” (Miranda, 2006, p. 1).

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Servicios Relacionados con la obra Pública

Servicios Relacionados con la obra Pública

Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos:

I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;

II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;

III. Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito;

IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones;

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente;

VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las materias que regula esta Ley;

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorias técnico normativas, y estudios aplicables a las materias que regula esta Ley;

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las instalaciones en un bien inmueble;

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología entre otros, y

X. Todos aquéllos de naturaleza análoga. (Art. 4 LOPSRM)

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Trabajos Considerados Como Obra Pública

Trabajos Considerados Como Obra Pública

Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes conceptos:

I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble;

II. Los trabajos de exploración, geotécnia, localización y perforación que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos petroleros y gas que se encuentren en el subsuelo y la plataforma marina;

III. Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología;

IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo;

V. Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación de recursos naturales;

VI. Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

VII. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten, y

VIII. Todos aquellos de naturaleza análoga. (Art. 3 LOPSRM)

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Dependencias Sujetas a la ley de Obras Públicas

Dependencias Sujetas a la ley de obras Públicas

El presente trabajo tiene por base la ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), con objeto de poder dar una explicación detallada de los asuntos a tratar y siempre que sea necesario se hará cita a los artículos la LOPSRM o fracciones de los mismos.

La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

II. Las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal;

III. La Procuraduría General de la República;

IV. Los organismos descentralizados;

V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno federal o una entidad paraestatal, y

VI. Las entidades federativas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo federal, con la participación que, en su caso, corresponda a los municipios interesados. No quedan comprendidos los fondos previstos en el capítulo V de la ley de Coordinación Fiscal.

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta ley, en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales que los rigen, sujetándose a sus propios órganos de control.

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública federal con alguna perteneciente a la administración pública de una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento.

No estarán sujetas a las disposiciones de esta ley, las obras que deban ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo.

Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se realizarán conforme a lo dispuesto por los artículos 18 de la ley General de Deuda Pública y 30 de la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público federal, y estarán regidos por esta ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratación y ejecución de obra pública.

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento (Art. 3 LOPSRM).

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Origenes de la licitación publica en mexico y el mundo

ORIGENES DE LA LICITACION PUBLICA EN MEXICO Y EL MUNDO

El origen de la palabra licitación es un hecho difícil de describir, licitar en su sentido etimológico es sinónimo de subastar, y este término viene de los árabes, cuando vendían “subhasta”: bajo el asta o lanza para significar que nada se ocultaba y que nadie podría sospechar o criticar el contrato negociado (Rondina, 1993, citado en López, 1999).

Existe evidencia de que la licitación fue utilizada en tiempos remotos por los chinos, encontrándosela legislada en el Código de Hammurabi.

Lo cierto es que el procedimiento de la licitación pública, como medio de celebrar los contratos en que interviene el Estado, fue conocido en el derecho romano (Maynz, 1887, citado en López, 1999). Desde las primeras épocas los bienes adquiridos por el Estado, ya sea por conquista (el botín de guerra), ya en virtud de la condenación criminal de un ciudadano, ya en fin por el derecho de herencia, se vendían públicamente, a los mejores ofertantes. A este tipo de ventas se les conocía como Bonorum sectio o venditio. Llevaba también el nombre de subhastatio, de la lanza (hasta), símbolo de la propiedad de los quírites. En el lugar donde iba a verificarse la venta, se plantaba un hasta (Guillén, 1980, citado en López, 1999), arma guerrera y a la vez insignia real. De ahí deriva el término de subasta con que, en muchos países de lengua castellana se designa al procedimiento de la licitación (López, 1999).

Más tarde se generalizó el régimen de la venta en asta pública, debiendo verificarse en esas condiciones todas las ventas de bienes fiscales. Así lo establecía el Código de Justiniano, en su capítulo “De subhastatione ob publique rationis necessitatem” (Justiniani, 1782, citado por López, 1999).

De manera acertada puede decirse que las obras públicas han contribuido a la instauración de la licitación pública, en varios sistemas alrededor del mundo.

Era el censor (Mommsen, 1973, citado por López, 1999) la autoridad legalmente encargada de las adjudicaciones de obras públicas. La adjudicación se marcaba por tres instituciones esenciales: la fórmula del contrato (lex censoria), la subasta pública (licitatio), garantía personal y real (praedes, praedia).

En cuanto a la primera de ellas, resulta que la llamada lex locationi o lex operis locandi equivalía a nuestro pliego de condiciones, conteniéndose en ella la determinación concreta de la obra, forma y momento de los pagos; pero no se determinaba el precio, puesto que éste resultaría de quien ofreciera realizar la obra por la cantidad más pequeña (infima pretia).

La licitatio era la condición esencial para que la obra se adjudicara y, en general, era obligatorio concederla a quien solicitara la menor cantidad. El censor venía encargado de realizar discrecionalmente la adjudicación, pudiendo excluir a las personas que no juzgase idóneas, o que estimara poco honorables o que hubieran dejado incumplidos contratos anteriores.

Posteriormente en la Edad Media, en Roma y luego en casi toda Europa, se empleó la subasta “a mata candela” o “a vela y pregón”, pudiéndose recibir ofertas para alguna construcción de importancia mientras ardía una vela. La obra se adjudicaba al oferente de menor precio hasta el momento en que la vela se extinguía.

En Francia en el siglo XVI, hay ordenanzas que prescriben la adjudicación al mejor precio para la ejecución de obras públicas o contratos de suministro. En la práctica, la adjudicación no siempre se realizaba; hubo entonces escándalos de corrupción, por el hecho de celebrarse contratos sin adjudicación (López, 199).

En términos generales, la licitación pública se generalizó por Europa y se extendió al mundo, en el siglo XVIII y especialmente en el siglo XIX, cuando se empezaron a expedir una serie de leyes al respecto (López, 199).

BOSQUEJO HISTORICO DE LA LICITACION PUBLICA EN MEXICO

Es en al época prehispánica en donde se encuentran los antecedentes mas antiguos de contratos administrativos, es especial los de licitación pública. En aquellos entonces la construcción de obras públicas iban dirigidas al desarrollo de las ideas imperiales y religiosas de las sociedades en cuestión.

Nos señala Francisco Gonzáles Cosío… “los vencidos constituían el más importante elemento de trabajo en la obras públicas, tanto en el acarreo de los materiales como en su realización física, la cual determinaba una estratificación social, así como un sistema de tributos y servicio personal a que resultaban aquellos obligados” (Cosío, 1973, citado por López, 1999).

Existe información suficiente para poder decir que la primera licitación pública en México se llevó a cabo en 1767 en la época del Virrey Carlos Francisco de Croix (1766 -1771); la obra consistía en resolver el problema de las inundaciones que presentaba la capital desde la época prehispánica es así que se da a ejecutar la obra del desagüe de la Ciudad de México.

Fue necesario para ejecutar la obra que el gobierno impusiera algunas contribuciones sobre rentas de casas, huertas y tierras, además de solicitar el apoyo de las clases privilegiadas.

Gonzáles Cosío señala… “Se consideró también conveniente rematar las obras al mejor postor, y a este fin, después de averiguar el producto neto que daban las fincas, con el propósito de calcular el impuesto, se pusieron a pregón en pública subasta, habiendo quedado rematadas el Tribunal del Consulado en México, el que se obligó a ejecutarlas por la cantidad de 800 mil pesos y en el plazo de cinco años” (Cosío, 1973, citado por López, 1999).

Como se explicó es en el siglo antepasado que se comienza a hacer uso de la licitación entonces llamada remate o subasta para el otorgamiento de las obras públicas. La figura jurídica de más uso fue la concesión la cual indica que se excluyan monopolios y privilegios, tomando en cuenta a todas las industrias y fábricas que se relacionen con la obra en cuestión.

La construcción de caminos es una de las obras públicas que en esa época es de mayor interés para el gobierno con este fin se expiden diversas leyes de las cuales se enuncian algunas:

· Decreto de 9 de octubre de 1826, autorizando al gobierno para que contrate la apertura y arreglo de los caminos nacionales.

· Ley de 29 de marzo de 1834, que fija las reglas generales a que debe sujetarse el gobierno, para la apertura de esos caminos.

· Ley de 11 de septiembre de 1827. sobre junta de peajes en los caminos existentes entonces y que administraba el Consulado Mexicano.

· Ley de 25 de marzo de 1983, que aclara la de 29 de marzo de 1834 en el sentido de su no retroactividad.

· Decreto de Santa Anna de 24 de septiembre de de 1843 que da las reglas generales sobre caminos. A decir de Trejo Lerdo de Tejada, esta fue la primera ley de carácter genérico que se dictó sobre vías de comunicación.

· La Constitución Política de 1857 en su artículo 72, facción XXII, determinó que es facultad expresa del Congreso de la Unión: “Dictar Leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos.”

· Ley de 1o. de marzo de 1861, sobre formación de cartas itinerarias.

· Decreto de 17 de enero de 1868, sobre conservación de caminos, y penas que deben imponerse a los que los deterioren.

· Ley de 16 de diciembre de 1881, sobre reglamentación de ferrocarriles, telégrafos y teléfonos y su reglamento de 1º. De julio de 1883 (Ruiz, 1888, citado por López, 1999).

El número considerable de disposiciones dio origen a la creación de la Secretaria de Comunicaciones por parte de la Ley de las secretarias de estado del 13 de mayo de 1891, teniendo facultades en los ramos de correos, telégrafos, ferrocarriles, caminos y obras públicas.

BOSQUEJO DEL PROCESO DE LICITACION A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1917

Desde la promulgación de la constitución política de 1917 hasta el presente el Congreso de la unión y la autoridad administrativas se han encargado de dictar disposiciones que tienen relación de manera directa en indirecta con los contratos administrativos y en especial con la licitación pública.

El primer antecedente moderno de los contratos administrativos, y en especial de la licitación pública, lo encontramos en la propia Constitución de 1917, en el artículo 134, el cual no se encontraba en el proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, sino que en el Congreso Constituyente, la Comisión de Constitución, integrada por los diputados Paulino Machorro Narváez, Heriberto Jara, Arturo Méndez e Hilario Medina, decidió presentar la propuesta al pleno, de adición de un artículo que sería el 134, y que tras breve discusión el 27 de enero de 1917 fue aprobado con el siguiente texto: “ Todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas, serán adjudicados en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta pública.”[3]

A continuación se enuncian lo que se puede considerar como las principales disposiciones referentes al tema:

1) Ley de las Secretarías de Estado, del 25 de diciembre de 1917. En dicho ordenamiento, contemplaba en su artículo 16, que “las obras materiales de las secretarías, departamentos y en general las del gobierno federal, serán ejecutadas por la Secretaría de Comunicaciones conforme al artículo 134 de la Carta Magna”.

2) Ley Orgánica del Departamento de Contraloría de la Federación del 1o. de marzo de 1926. En esta Ley se le otorgaban facultades a la Contraloría para vigilar los contratos que el gobierno celebrara.

3) reglamento que establece la intervención de la Contraloría, en materia de contratos y compras, del 15 de julio de 1926.

4) reglamento para la autorización de créditos en contra de la Federación y de contratos en que la misma sea parte, del 23 de enero de 1933. En su artículo 27 señalaba: “ los pedidos (de compras) se adjudicarán al cotizador que ofrezca mejores condiciones por lo que toca a precio, calidad de los artículos, plazo para el pago, facilidades de entrega y demás circunstancias ventajosas en cada caso” .

5) Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 31 de diciembre de 1935. Creó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, debido a la importancia de esta última categoría.

6) Ley del Servicio de Inspección Fiscal de 13 de abril de 1936. Se mencionó en esta Ley que la Secretaría de Hacienda tendría a su cargo la inspección fiscal, la cual comprendía entre otras cosas, “la intervención en los actos o contratos relacionados con las obras de construcción”.

7) reglamento de la Ley del Servicio de Inspección Fiscal del 4 de septiembre de 1936. El cual regulaba que la Oficina Central de Inspección Fiscal debía revisar los proyectos de convocatorias de obras públicas, así como intervenir “en la apertura y lectura de las proposiciones presentadas” (artículo 87). Asimismo, intervenía en las compras que efectuaran las dependencias del Ejecutivo Federal (artículos 118 y ss.).

8) Ley General de Bienes Nacionales del 3 de julio de 1942. Señalaba en su artículo 40 que la enajenación de bienes inmuebles de la Federación, se podría llevar a cabo, en los casos y condiciones fijados por la Ley; pero siempre en subasta pública.

9) Decreto que reglamenta las compras para las dependencias del Ejecutivo Federal, del 2 de febrero de 1944. Esta disposición expedida por el presidente Ávila Camacho, es muy importante, ya que por primera vez se habla de “concursos”, y se expresa que los concursos deberían celebrarse, mediante convocatoria y que se publicara en dos periódicos; señalaba que las cotizaciones se presentaran en sobre cerrado y lacrado; manifiesta la apertura de sobres, como un acto solemne y el establecimiento de una garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, se dividieron las compras en tres categorías, por su monto.

10) Instructivo número 7 para actos de Inspección Fiscal en las compras que hagan las dependencias del Ejecutivo Federal, del 30 de marzo de 1944. Se expresó la primera idea sobre concursos desiertos.

11) reglamento Interior de la Comisión Coordinadora de Compras, de 24 de abril de 1944. Se le otorgaron muchísimas facultades, entre ellas, la creación y control de un Registro Nacional de Proveedores.

12) reglamento de las Subastas a que se refiere la Ley General de Bienes Nacionales, del 4 de marzo de 1949. Dicho ordenamiento describía con toda precisión este tipo de procedimientos administrativos. En su artículo 12 señalaba que “todo postor queda obligado a sostener su postura hasta el momento en que sean notificados los postores, de la resolución que finca la subasta”.

13) Ley de Secretarías y Departamentos de Estado de 24 de diciembre de 1958. Ella separó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, creando dos secretarías: la de Comunicaciones y Transportes, por un lado, y por otro la Secretaría de Obras Públicas, encargando a esta última, entre otras cosas, el establecimiento de bases y normas para contratar obras públicas.

14) Ley de Inspección de Adquisiciones, del 30 de diciembre de 1965. Sustancialmente, señalaba la obligatoriedad de inscribirse en el Padrón de Proveedores del Gobierno Federal, que controlaba la Secretaría de Patrimonio Nacional, para poder vender a cualquier dependencia o entidad federal.

15) Ley de Inspección de contratos y Obras Públicas, del 4 de enero de 1966. Esta Ley se refería exclusivamente a los contratos de obras públicas y estableció la obligatoriedad de inscripción, en el Padrón de Contratistas del Gobierno Federal. Asimismo en su artículo 14 señalaba: “La Secretaría del Patrimonio Nacional vigilará que la contratación y ejecución de las obras y celebración de subastas para adjudicar los contratos que lleven a cabo las dependencias, se ajusten a las bases, normas generales y criterios para la integración de precios unitarios…”

16) Bases y Normas Generales para la Construcción y Ejecución de Obras Públicas, del 28 de enero de 1970 y del 3 de septiembre de 1974. En el fondo eran un reglamento sobre contratación de obras públicas.

17) Ley de Inspección de Adquisiciones, del 6 de mayo de 1972. Señalaba en su artículo 8o. que los pedidos o contratos de adquisiciones, se considerarían autorizados si se ajustaban a cualquiera de los siguientes procedimientos: compras consolidadas, contratos de suministro por periodos fijos, concursos y pedidos negociados, previa investigación de fuentes de suministro.

18) Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Almacenes de la Administración Pública Federal, de 31 de diciembre de 1979. Como vemos, en esta disposición se incluyó a los arrendamientos y almacenes, que celebraran y controlaran las dependencias y entidades del sector público.<
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19) Norma de Concursos para la Adquisición de Mercancías, Materias Primas y Bienes Muebles, del 15 de octubre de 1980. Por primera vez, se reglamentó con todo detalle la licitación pública en nuestro país, aunque sólo referida a las adquisiciones y se le denominó, impropiamente, concurso.

20) Ley de Obras Públicas, de 30 de diciembre de 1980. Por primera ocasión en nuestra legislación se habla del término “licitación pública”, ya que el artículo 30 de esta Ley, señalaba que “los contratos de obra pública se adjudicarán o llevarán a cabo, a través de licitaciones públicas…”. Así pues, se utilizó el término “concurso” para las adquisiciones y “licitación pública” para las obras públicas.

21) reglamento de la Ley de Obras Públicas, de 11 de septiembre de 1981. Regulaba la Ley ya señalada anteriormente.

22) Reglas Generales para la Construcción y Ejecución de las Obras Públicas, del 18 de octubre de 1982.

23) Normas Generales para la Administración de los Almacenes, de 26 de noviembre de 1982.

24) Normas Generales para la Adquisición de Mercancías, Materias Primas y Bienes Muebles que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, del 29 de noviembre de 1982.

25) Reforma constitucional del artículo 134, de fecha 27 de diciembre de 1982. Se eleva a rango constitucional la licitación pública y se modifica este artículo.

26) Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas, del 6 de julio de 1983.

27) Primeras Normas Complementarias sobre Adquisiciones y Almacenes, de 11 de julio de 1983.

28) Acuerdo que establece normas que deberán observarse en la Ejecución de Obras Públicas, del 30 de enero de 1984.

29) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, del 8 de febrero de 1985. Una Ley más de Adquisiciones que, como novedad relevante, señalaba los casos de excepción de las licitaciones públicas.

30) reglamento de la Ley de Obras Públicas, del 13 de febrero de 1985. Sin novedad sustancial alguna.

31) reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles, de 13 de febrero de 1990.

Hasta 1998 ese era el panorama en general, en materia de contratos administrativos, y específicamente en lo relativo a la licitación pública. [4]

32) Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, de 4 de enero de 2000.

33) reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas de 19 de septiembre de 2001.

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El estado y las licitaciones

EL ESTADO Y LAS LICITACIONES

El desempeño diario de la vida política se encuentra sometido a un orden fundamental, a una norma suprema que da la pauta a todas las actividades, a esta disposición superior le nombramos Constitución. Es esta carta magna quien provee de órganos al Estado, quien se manifiesta como una figura jurídica que está en una situación de verificar o realizar fines que le son propios y que se conocen en conjunto como administración.

Sin la existencia de procesos sistematizados y de procedimientos la administración no se puede llevar a cabo es a través de ellos que los individuos, grupos de trabajo, estructuras orgánicas tienen una interacción.

Si el estado cuenta con los recursos necesarios podrá cumplir con sus objetivos, de no ser así a través de diversas figuras jurídicas dará mano del auxilio de particulares por medio de la celebración de un contrato; es en la administración en quién recae verificar si es factible este hecho, el mencionado contrato recibe el nombre de contrato de la administración pública, el cual en capítulos posteriores será expuesto con más detalle.

Cada vez más en los Estados modernos la provisión de bienes y servicios públicos se realiza acudiendo al sector privado, sin que estén las administraciones obligadas en proveerlos directamente. Es más, es algunos casos, las constituciones más modernas reconocen en el Estado solamente un rol subsidiario en la provisión de bienes y servicios públicos para los ciudadanos[1].

La actividad contractual es regulada por la legislación administrativa que tiene como idea evitar que por parte de las administraciones se cometan abusos al momento de elegir a los contratantes. Se busca con ello que la elección sea la más adecuada, sea controlable y que de el máximo de certeza para quien pueda tenerle interés.

En estos casos, privatizaciones, concesiones, construcción de obras públicas, compra de insumos, selección de la empresa a la que se va a subsidiar para que ofrezca un servicio no rentable desde el punto de visto privado, etc. el Estado tiene siempre el dilema de SELECCIONAR AL PRIVADO MAS IDONEO para celebrar el contrato de forma que resulte EN LAS MEJORES CONDICIONES para el Estado que selecciona. Dichas condiciones tienen que ver fundamentalmente con condiciones económicas, pero también con condiciones técnicas[2].

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Definiciones usadas en el desarrollo de la obra pública

Definiciones usadas en el desarrollo de la obra pública

A continuación se presenta una lista con la definición de conceptos que serán de enunciación frecuente en el texto, siempre que se refiera a estos y salvo que se indique otra cosa hablaremos de lo siguiente:

Secretaria: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Contraloría: La Secretaria de de contraloría y Desarrollo Administrativo

Tratados: Los convenios regidos por el derecho internacional público, alebrados por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no l celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos sumen compromisos.

Ley: La Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Reglamento: Reglamento de La Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Proyecto: Unidad de actividades de cualquier naturaleza, que requiere para su realización del uso o consumo inmediato o a corto plazo de recursos humanos, económicos y materiales, aplicados con el fin de obtener de estos, en un período de tiempo mayor, un beneficio adicional al que se obtendría con su empleo actual.

Proyecto arquitectónico: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros.

Proyecto de ingeniería: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales aplicables y particulares que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.

obras u obra determinadas: Las señaladas en el artículo 3 de la Ley. Y que representan un conjunto de elementos específicos de trabajo a realizar, que al integrarse, forman un todo compuesto de N partes relacionadas entre sí.

Servicios: Los mencionados en el artículo 4 de la Ley.

Superintendente de construcción: El representante del contratista ante la dependencia o la entidad para cumplir con los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

Bitácora: El instrumento técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios.

Bienes Muebles: Tienen esta consideración los bienes susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su forma ni su substancia.

Bienes Inmuebles: Se tienen como tales, aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar, en algún modo, su forma o substancia.

Elemento o concepto de trabajo a ejecutar: Conjunto de operaciones y materiales que, de acuerdo con las Normas y especificaciones vigentes, integran cada una de las partes en que se divide el Estudio, Proyecto, ejecución, Supervisión, Equipamiento, Puesta en Marcha, y Conservación de una obra.

Norma de obra pública: Conjunto de disposiciones y requisitos generales establecidos por las dependencias y entidades de Gobierno, que deben aplicarse para la realización de Estudios, Proyectos, ejecución, Supervisión, Equipamiento, Puesta en Marcha y Conservación de las obras, comprendiendo y señalando además, las bases de medición y pago de cada uno de los elementos de trabajo.

Licitante: Es el Estado (o sus organismos) aquellos que llaman a una licitación.

Licitador: Es toda persona física o jurídica que formule la oferta ante un llamado de la administración pública, para los efectos previstos en la ley.

especificaciones generales de construcción: El conjunto de condiciones generales que las dependencias y entidades tienen establecidas para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, ejecución, equipamiento, puesta en servicio, mantenimiento y supervisión, que comprenden la forma de medición y la base de pago de los conceptos de trabajo

especificaciones particulares de construcción: El conjunto de requisitos exigidos por las dependencias y entidades para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales

Normas de calidad: Los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, las dependencias y entidades establecen para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados

Unidad de medida: La empleada para cuantificar cada elemento de trabajo, con fines de medición ó pago.

Precio Unitario: Importe total por unidad de medida, de cada Elemento de trabajo, que incluye Costos y Beneficios totales, calculada con fines de valoración ó pago.

Presupuesto: Valuación económica a base del empleo de Precios Unitarios, de trabajos por ejecutar dentro de un período dado de tiempo y bajo condiciones específicas. Debe incluir un análisis detallado de cada Precio Unitario considerado.

Licitación de obra pública: Acto en el cual, se ofrece en subasta pública la ejecución de una obra determinada.

Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución.

Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos

Liquidación: Estimación final en la cual se ajusta el pago total de los trabajos ejecutados en los términos del contrato.

Contrato de obra pública: Convenio escrito que establece un acuerdo de voluntades realizado entre Contratante y Contratado, en el cual se señalan los trabajos a ejecutar, sus Normas y especificaciones, su cuantía económica y formas de pago, plazos garantías, penalidades y procedimientos generales a seguir para llevar a buen término la relación.

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Principios de la licitación pública

Principios de la licitación pública

Este conjunto de objetivos debieran provocar que se alcancen los principios de publicidad, competencia, igualdad y moralidad administrativa obteniendo los mejores resultados tanto para la administración como para el privado. Dichos principios son:

Tabla 3 Principios de la licitación pública

Publicidad

La licitación es publicitada tanto para conocimiento de los eventuales participantes como para el público en general

Competencia

La competencia se favorece cuando no se restringe la participación en las licitaciones

Igualdad

Todos los licitantes deben ser tratados con las reglas comunes que se aplican de forma pareja

Moralidad administrativa

La administración es responsable de todo el proceso de licitación

Publicidad en las licitaciones públicas

El principio de la publicidad implica la posibilidad de que los interesados estén enterados de todo lo relativo acerca de la licitación correspondiente, desde el llamado a formular ofertas hasta sus etapas conclusivas; este principio parte del texto constitucional (artículo 134) y se desarrolla en la propia ley (artículo 30).

La publicidad es un principio rector de todo procedimiento administrativo, pues implica el leal conocimiento de las actuaciones administrativas, requisito esencial del debido proceso y que a su vez presupone una característica de la garantía de audiencia del gobernado, prevista en el artículo 14 constitucional.

La exigencia de la publicidad constituye una regla fundamental de la licitación; la sola expresión “licitación pública” señala su importancia.

La noción de publicidad es, además, doble: significa en primer lugar que cuando una licitación pública va a tener lugar, debe ser anunciada de antemano; esta publicidad previa o publicación, está destinada evidentemente a la vez, en segundo lugar, a suscitar la competencia y a colocar a los candidatos eventuales en un plano de igualdad.

La publicidad concierne también al desenvolvimiento mismo de la licitación; ya que ésta facilita el control y respeta las reglas de la licitación, por parte de la propia administración.

En relación con la publicidad previa (convocatoria), dice André de Laubadère que esta publicación tiene como finalidad “informar a los candidatos eventuales de la apertura de la licitación y, al mismo tiempo, darles a conocer las condiciones generales del marché (contrato).

La publicidad es entendida como la garantía de que todo se hará correctamente.

Para que la licitación se pueda llevar a cabo, es necesario que primero haya publicidad, pues los potenciales licitadores deben conocer que existe una licitación antes de que participen formulando sus ofertas o proposiciones; dicha publicidad tiene que ser adecuada.

Una licitación pública, dice Marienhoff, realizada a hurtadillas sería un absurdo jurídico, un contrasentido; de ahí la fundamental importancia, del adecuado cumplimiento del requisito de la publicidad.

Este principio se encuentra reflejado en toda la ley de Obras Públicas: como principio general (artículo 30); en las convocatorias (artículo 32); en las bases de la licitación (artículo 33); en las modificaciones que se hagan a convocatorias y bases (artículo 35); en los actos de aclaraciones (artículo 35); en el conocimiento del fallo (artículo 37); en los actos de apertura de ofertas y fallo (artículos 45 y 58); y cuando una licitación se declare desierta (artículo 47).

Por tal motivo, en la licitación pública, la publicidad debe ser satisfecha en todas las fases del procedimiento a partir de la convocatoria, pues ella constituye un aspecto fundamental del llamado a la licitación.

Luego, en la apertura de los sobres que contienen las ofertas, que se debe realizar en audiencia pública, previamente establecida, para dar a conocer a todos los oferentes el contenido de las mismas, puesto que no se debe realizar de manera clandestina u oculta a los ojos de los particulares.

También, con base en tal principio regulador de la licitación pública, deben darse a conocer a los oferentes los dictámenes producidos para la evaluación de las ofertas.

Pero esto último no implica permitir que los licitadores se inmiscuyan en el procedimiento de evaluación, pues éste es un trámite interno de la administración pública.

Finalmente, la publicidad tiene por objeto hacer un llamado a licitación, no constituye en sí misma una oferta de contrato por parte del Estado o ente público licitante, sino un llamado para que formulen propuestas los licitadores, sobre las bases establecidas por la administración pública.

Competencia en las licitaciones públicas

La competencia en primera instancia supone un ejercicio del comercio, entendido como una regla fundamental del derecho moderno. La licitación pública es un instrumento de contratación administrativa, destinado a promover y estimular la competencia o el mercado competitivo, en el cual participan el mayor número posible de licitadores u oferentes, con el fin de que la administración pública pueda contar con una amplia y variada gama de ofertas, entre las que se selecciona la que mejores condiciones ofrece.

La licitación se basa en la competencia de varias propuestas presentadas, para que la administración pública pueda seleccionar la más conveniente.

La competencia asegura a la administración pública la participación de un mayor número de ofertas, lo cual le permite tener una más amplia gama de licitadores u oferentes, de los cuales se puede obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por tal motivo, la publicidad de la convocatoria debe realizarse con toda oportunidad, a fin de que los oferentes tengan pleno conocimiento del llamado de la administración pública, para que ésta pueda recibir una amplia y variada gama de ofertas, entre las que se pueda elegir a la que mejores condiciones ofrezca.

La competencia debe estar apoyada, a nuestro juicio, en la honorabilidad comercial de cada proveedor o contratista, ya sea que por un lado, se evite caer en la publicidad engañosa (violación al artículo 32 de la ley Federal de Protección al Consumidor) o, por otro lado, se tengan prácticas que disminuyan, dañen o impidan la competencia entre los agentes económicos (artículos 8o. y 9o. de la ley Federal de Competencia Económica).

Todo ello implicaría que estuviéramos ante actos de competencia desleal, los cuales, a decir de Molina, pueden ser de tres tipos: actos desleales hacia el competidor, hacia el consumidor y deslealtad al mercado.

Dentro de esos actos estarían los relativos al contenido de los bienes que se venden o aquellos que impliquen violación al secreto de fábrica, independientemente de que puedan ser considerados como hechos ilícitos, fraude específico relativo a la venta de artículos o ejecución de obras públicas. Asimismo, dentro de esas violaciones estarían los casos de dumping.

Igualdad en los procesos de licitaciones públicas

La igualdad constituye uno de los principios más importantes de la licitación pública, pues con base en ella se cimenta la moralidad administrativa, que rige el procedimiento licitatorio.

Ahora bien, si la licitación se basa en la competencia de varias propuestas presentadas, para que la administración pública pueda seleccionar la más conveniente, la igualdad se manifiesta en el sentido de que sólo es posible una real confrontación entre los oferentes, cuando éstos se encuentran colocados en igualdad de condiciones, sin que existan discriminaciones o tolerancias que favorezcan a unos en perjuicio de otros.

De tal manera, el principio de igualdad exige que la adjudicación se haga a aquel oferente que, presentando las mejores condiciones para el Estado, se haya ajustado a las bases de la licitación, pues de no ser así la administración pública carece de soporte para comparar las ofertas. El principio de igualdad, en consecuencia, rige todas las fases del procedimiento licitatorio, desde la formulación de las bases o pliego de condiciones hasta la adjudicación, como lo señala Bercaitz al comentar este principio.

El pliego que contiene el llamado, no puede crear favoritismos hacia unos en perjuicio de otros; sus cláusulas deben ser respetadas por todos; las ofertas deben mantenerse secretas, hasta la apertura del acto, para evitar que el conocimiento de las presentadas por alguno sirva para reacomodar los datos de otro competidor; las aclaraciones al pliego deben ser hechas con suficiente anticipación y publicadas para conocimiento de quienes se presenten; las ofertas deben ajustarse estrictamente al llamado y no pueden ser modificadas por nadie, con posterioridad a la apertura del acto. En definitiva, debe observarse la igualdad más absoluta de todos los proponentes para que el acto no sea viciado de inmoralidad por favoritismos, que determinarían su nulidad absoluta.

Este principio de igualdad rige tanto para los licitadores como para la administración pública, pues se refiere tanto a la posición que guardan los oferentes frente a la administración, así como a la posición de cada uno de ellos frente a los demás. Concluyendo, este principio de igualdad pretende dar un trato igualitario a todos los oferentes. Y el mismo, dentro del campo de la licitación pública, tiene una doble finalidad: ser garantía para los administrados, en protección a sus intereses y derechos como contratistas; y, al mismo tiempo, como oferentes y como particulares, constituir una garantía para la administración pública.

La igualdad entre los competidores comprende dos aspectos:

1.- Las condiciones deben ser las mismas para todos los oferentes; y

2.- Debe darse preferencia, a quien hace las ofertas más ventajosas para la administración pública.

Como puede verse, la referida igualdad exige que, desde el principio del procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización de éste, todos los licitadores u oferentes se encuentren en idéntica situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas. El principio de igualdad proviene de la norma constitucional (artículo 4o.) y supone evitar la “discriminación jurídica por razones arbitrarias”.

Tal y como ya lo señalamos anteriormente, este principio supone dos reglas: igualdad de condiciones y preferir al que ofrezca condiciones más ventajosas para la administración.

Igualdad de condiciones en las licitaciones

Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases de la licitación tendrá derecho a presentar su proposición. Para tal efecto, las dependencias y entidades no podrán exigir requisitos adicionales a los previstos por esta ley. Asimismo, proporcionarán a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con la licitación, a fin de evitar favorecer a algún participante (Art. 33 LOPSRM).

Tanto en licitaciones nacionales como en internacionales, los requisitos y condiciones que contengan las bases de licitación, deberán ser los mismos para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega; plazos para la ejecución de los trabajos; normalización; forma y plazo de pago; penas convencionales; anticipos, y garantías (Art. 27 LOPSRM).

Igualdad en cuanto a las garantías (Art. 48 LOPSRM).

Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a que se refiere esta ley, deberán garantizar:

I. La seriedad de las proposiciones en los procedimientos de licitación pública;

II. Los anticipos que, en su caso, reciban y

III. El cumplimiento de los contratos. Este efecto tiene una excepción, en cuanto a la garantía de cumplimiento de contrato, que en su momento se comentará.

Igualdad en la calificación de propuestas, ya que es un requisito de las bases de la licitación (Art. 38 LOPSRM).

La moralidad administrativa

En relación con la moralidad administrativa, ya hemos dicho que aunque algunos autores la consideran un principio de la licitación pública, lo cierto es que la expresión “moralidad administrativa” es un concepto muy fluido, además de esencialmente cambiable y subjetivo.

Como sabemos, los actos de la administración deben estar acompañados de patrones éticos vigentes, en la sociedad a la cual se destinan y a la época en que fueron practicados, pero nunca contrariando las disposiciones legales, pues si es indiscutible la plenitud del principio de legalidad es, también, indiscutible la existencia de un principio de moralidad.

La corrupción puede ser una explicación parcial y ocasional a los defectos de la licitación que se ha intentado paliar o corregir por el énfasis en la igualdad y la formalidad o la moralidad, pero no es la respuesta integral ni permanente o sistemática para este tipo de problema, y sobre todo no es la respuesta eficaz, como lo demuestra la práctica en cualquiera de nuestros países.

El tema de la corrupción debe tratárselo en el contexto más amplio de la transparencia y el control administrativo, indispensables en una sociedad democrática, no el limitado y presuntamente técnico, de los principios de la licitación pública.

Las técnicas puntuales de control de la corrupción mediante el formalismo o la igualdad en la licitación pública no sirven, lo han demostrado: son las grandes instituciones de transparencia y control administrativo las que, en conjunto, pueden más eficazmente evitar la corrupción.

Coincidimos con él, en el sentido de que la moralidad administrativa no es un principio de la licitación pública; pero la administración sí debe estar impregnada, en sus servidores y en sus actos, de moralidad mediante una reforma administrativa.

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